Denunciamos el Femicidio Político de Berta Cáceres, defensora de pueblos y territorios indígenas

3 de marzo de 2016

En el día del asesinato de la activista Berta Cáceres, dirigente comunitaria lenca, defensora de los territorios y los pueblos originarios de Honduras y símbolo de estas luchas en América Latina, manifestamos nuestra inmensa indignación y absoluto repudio hacia el Estado Hondureño, que es complaciente con los intereses voraces y depredadores de las grandes corporaciones internacionales.

Honduras, desde el golpe de Estado en 2009, ha caído en un estado de total impunidad de los femicidios, los crímenes contra activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos. Esta impunidad tiene como correlato, el amparo legal y militar concedido a los megaproyectos que exigen usurpar tierras y destruir las lógicas de relación humana y con la naturaleza que permiten la protección de los territorios.

El asesinato de Berta Cáceres es la culminación de una larga historia de amenazas y persecución estatal y privada en su contra, en contra de la comunidad lenca y en contra del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, que ella lideraba. La resistencia del pueblo lenca logró detener la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el rio Blanco, un río emblemático como lo señaló Berta, lo que ha significado a las comunidades lencas vivir bajo continuos y violentos ataques de parte del ejército, la policía y fuerzas armadas privadas, amenazas constantes y asesinatos de dirigentes.

Hace solo unos días Berta denunció las continuas amenazas de muerte que recibía por defender el derecho de las comunidades lencas a conservar sus territorios ancestrales, al igual que lo hizo cuando recibió el premio ambientalista Goldman en 2015. Contaba con medidas cautelares de la CIDH, pero en Honduras desde 2009 el asesinato político está a la orden del día, así como la impunidad de quienes los ordenan.

Por lo tanto exigimos que:

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, de la OEA, entidad formalizada en febrero del presente año, se encargue de dar seguimiento al proceso judicial que debe concluir con una sentencia condenatorio contra los asesinos de Berta Cáceres y contra aquellos que, sospechamos, contrataron a esos asesinos a sueldo.

El Estado asegure la protección de las compañeras y compañeros de Berta Cáceres, que siguen en pie de lucha, defendiendo sus territorios, sus formas de vida y sus derechos fundamentales como comunidad, y quienes hoy se encuentran en peligro, al  igual que lo estuvo Berta. Al respecto, pedimos que también participe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Y llamamos a toda la comunidad internacional a sostener una actitud vigilante hacia el Gobierno hondureño, para que se haga justicia y se honre la memoria de nuestra compañera Berta Cáceres